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Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida

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La meta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) es que las personas que sufren explotación sexual y trata de seres humanos recuperen la libertad y la dignidad haciendo valer sus derechos y que logren la autonomía necesaria para emprender una vida fuera del control y abuso de sus explotadores. APRAMP, a partir de la defensa y promoción de los derechos de estas personas, contribuye a prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata.

La visión de la organización es, por tanto, la de un mundo en el que se reconozca la explotación sexual y la trata de seres humanos como una violación de derechos humanos. Donde el Estado asume su obligación de proteger y garantizar justicia a las personas que sufren esta violación de sus derechos, además de prevenir y perseguir el delito. Y por lo tanto, las víctimas deben estar en el centro de todas sus acciones, garantizando todos los derechos que tienen, incluido el derecho a la justicia y a percibir una compensación por el daño sufrido.

Un mundo donde exista una cooperación entre las organizaciones no gubernamentales civiles y las autoridades, que permita involucrar a la sociedad en búsqueda de soluciones, tanto en las causas como en las consecuencias, que genera la explotación y la trata de seres humanos. Y así, lograr un mundo libre de explotación y esclavitud.

Tras una experiencia de más de 25 años, APRAMP puede afirmar que la mayor parte de las personas que se encuentran en situación de prostitución sufren explotación y viven en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad. En la última década, la asociación ha podido constatar que la trata de seres humanos en España afecta a un altísimo porcentaje de personas.

Esto significa que, sea cual sea la causa que ha llevado a las personas a estar en esta situación circunstancias económicas, proyecto migratorio, etc., el engaño y la coacción, el abuso, la violencia y la falta de libertad en la práctica afectan a un 90% de las personas a las que la organización tiene acceso. Es decir, son víctimas de violaciones de derechos humanos y las consecuencias de estos abusos afectan negativamente a su salud física y metal, así como a su propia dignidad como personas.

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